La Casa Blanca advirtió a legisladores demócratas que algunas de las investigaciones que preparan contra el gobierno de Donald Trump podrían tener consecuencias penales. La disputa anticipa un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso, donde los demócratas asumirán el control en enero.
En una carta dirigida al representante Robert Garcia, el abogado de la Casa Blanca, Will Scharf, sostuvo que las amenazas contra funcionarios y el uso de citatorios para intimidar podrían “cruzar la línea hacia una criminalidad flagrante”. Garcia se perfila para presidir el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.
La carta plantea que las pesquisas deben perseguir un propósito legislativo legítimo. Los demócratas, por su parte, consideran que revisar las acciones del Ejecutivo forma parte de las atribuciones del Congreso.
Las investigaciones que preparan los demócratas
Tras las elecciones legislativas de noviembre, el partido recuperó el control de ambas cámaras. Con ello podrá dirigir comités, solicitar documentos y convocar a funcionarios para examinar decisiones de la administración.
Entre los asuntos que Robert Garcia ha mencionado están el manejo de la investigación sobre Jeffrey Epstein, las operaciones de control migratorio, el salón de baile de la Casa Blanca y los negocios de la familia Trump. También se han planteado revisar acuerdos mineros y operaciones con criptomonedas.
Una investigación anunciada por los senadores Elizabeth Warren y Richard Blumenthal, junto con Garcia, se enfoca en Meredith O’Rourke, recaudadora de fondos de Trump. Los legisladores buscan aclarar su papel en aportaciones para proyectos de construcción considerados prioritarios por el presidente y determinar si hubo conflictos de interés o intercambio de favores.
El portavoz de O’Rourke rechazó los señalamientos y afirmó que Trump no puede ser comprado. En declaraciones recogidas por medios estadounidenses, los legisladores dijeron que no abandonarán sus planes de supervisión.
Advertencias desde Justicia
Trump pidió al Departamento de Justicia revisar las acciones de los demócratas, a quienes acusó de enviar cartas amenazantes. La Casa Blanca no presentó entonces pruebas de que los legisladores hubieran cometido un delito.
Aaron Reitz, fiscal federal del Distrito Sur de Texas, escribió al senador Blumenthal para pedirle que conserve documentos relacionados con sus pesquisas. La carta aludió a la investigación sobre donantes del proyecto del salón de baile. Blumenthal respondió que no se dejaría intimidar.
El fiscal general Todd Blanche dijo que no había investigaciones penales en curso contra los legisladores entrantes por sus declaraciones. Sin embargo, sostuvo que expresiones que se conviertan en amenazas podrían llegar a constituir delitos.
Un conflicto sobre las facultades del Congreso
Los comités legislativos pueden solicitar información y emitir citatorios obligatorios. La Casa Blanca sostiene que estas herramientas no deben usarse para hostigar o castigar a personas; los demócratas argumentan que necesitan ejercer la supervisión del Ejecutivo.
La controversia podría trasladarse a los tribunales si funcionarios o instituciones rechazan entregar documentos o impugnan citatorios. Especialistas legales citados en reportes estadounidenses han cuestionado que las advertencias de la Casa Blanca identifiquen una conducta penal concreta.
Durante su primer mandato, Trump enfrentó investigaciones del Congreso que derivaron en disputas por la entrega de información. Ahora, con los demócratas próximos a controlar ambas cámaras, la nueva confrontación pone en el centro el alcance de la supervisión legislativa y la respuesta del presidente.


