Las pesquisas que preparan los demócratas en el Congreso abarcarían los negocios de la familia Trump y decisiones de distintas dependencias federales. Robert Garcia, representante por California y posible presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, resumió su advertencia a los involucrados con una frase: “Busquen abogados”.
En una entrevista, Garcia dijo que se refería principalmente a personas de la Casa Blanca que, según él, participaron en actos de corrupción y obtuvieron beneficios económicos. “La familia criminal de Trump es nuestra principal prioridad de investigación”, afirmó.
Los demócratas asumirán el control de la Cámara tras su victoria en las elecciones intermedias, de acuerdo con la información disponible. Con esa mayoría podrán abrir investigaciones, realizar audiencias y emitir citaciones. Sin embargo, los aliados y socios comerciales del presidente podrían impugnar esas solicitudes ante los tribunales, lo que prolongaría el proceso.
Las investigaciones, por sí solas, no demostrarían que se violó la ley. Esa ausencia de pruebas de una infracción también podría dificultar cualquier intento de iniciar un juicio político, según el reporte.
Criptomonedas y negocios familiares
Uno de los focos sería World Liberty Financial, la empresa de criptomonedas de la familia Trump. Estos negocios habrían generado al menos 1.4 mil millones de dólares en ingresos el año pasado. Entre las operaciones bajo posible escrutinio está la compra de una participación importante en World Liberty por una firma de inversión vinculada con Emiratos Árabes Unidos.
Cuatro meses después, Emiratos alcanzó un acuerdo con el gobierno de Trump para exportar chips de computadora, pese a objeciones de algunos funcionarios de seguridad nacional. Los demócratas también podrían examinar los ingresos obtenidos con la memecoin $TRUMP y con la venta de tokens de World Liberty. Entre los compradores hubo entidades extranjeras y empresas que buscaban concesiones del gobierno.
Donald Trump Jr. también figura entre los posibles objetivos. Un empresario ruso con vínculos con el Kremlin, Umar Kremlev, aportó cientos de miles de dólares para financiar la fiesta posterior a la boda de Trump Jr. en las Bahamas. El presidente sostuvo que su hijo devolvió el dinero.
Además, el representante Jamie Raskin inició una revisión de 1789 Capital, firma de capital de riesgo donde Trump Jr. es socio principal. Algunas empresas en las que invirtió recibieron fondos públicos o se beneficiaron de políticas del presidente.
Un portavoz de Trump Jr. dijo que es un ciudadano privado, que no ocupa un cargo público y que no ha infringido la ley. Añadió que no buscó influir en decisiones gubernamentales para favorecer sus negocios y que puede participar en inversiones legales.
Jared Kushner, yerno del presidente, podría ser examinado por su participación en negociaciones sobre Irán y Ucrania. Raskin le pidió apartarse de esas conversaciones, en parte por las inversiones extranjeras recibidas por su firma, Affinity Partners. Chad Mizelle, abogado de Kushner, respondió que nadie ha señalado una infracción legal o ética específica de Kushner o de su empresa.
Acciones, contratos y decisiones federales
Otra línea de investigación podría revisar más de 3 mil 600 operaciones bursátiles realizadas en las cuentas de Trump durante los primeros tres meses del año. En febrero, una cuenta compró más de un millón de dólares en acciones de Dell. Nueve días después, Trump elogió a la empresa y a su fundador, Michael Dell, durante un acto en Georgia. Posteriormente, el Pentágono anunció un contrato de 9 mil 700 millones de dólares con la compañía.
No se ha establecido una relación entre la compra de acciones y el contrato. La Organización Trump declaró que el presidente y su familia no controlan las operaciones, que están a cargo de firmas de corretaje externas. La senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts, ha pedido investigar esas transacciones.
Los legisladores también podrían revisar una orden emitida en primavera por el entonces fiscal general interino, Todd Blanche. La instrucción pidió al Servicio de Impuestos Internos detener investigaciones existentes sobre Trump, dos de sus hijos y sus empresas, además de no iniciar nuevas auditorías de declaraciones ya presentadas. La posible pesquisa del Congreso analizaría las circunstancias y la legalidad de esa medida, dictada después de que Trump demandó al IRS por la filtración de sus declaraciones fiscales.
La Organización Trump, por su parte, anunció acuerdos inmobiliarios internacionales, incluidos proyectos en Catar y Arabia Saudita, y licencias del nombre familiar. No hay indicios de que esos acuerdos se vincularan con la política exterior, según el reporte.
Otras áreas bajo revisión
Garcia dijo que pretende investigar posibles vínculos entre donaciones para proyectos como el salón de baile de la Casa Blanca y beneficios derivados de decisiones o contratos gubernamentales. También busca continuar la revisión del manejo oficial del caso penal de Jeffrey Epstein, fallecido en prisión en 2019, y sus posibles vínculos con Trump. Garcia ha promovido citar a Blanche, quien supervisó la publicación de los archivos del caso; los republicanos se han opuesto.
Raskin anunció que examinaría la industria de los indultos. La senadora Maggie Hassan, de Nuevo Hampshire y posible titular del comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales, planea revisar contratos sin licitación otorgados a donantes y aliados, entre ellos un acuerdo para aviones de deportación aprobado durante la gestión de Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional.
También se prevé investigar a funcionarios relacionados con la agenda migratoria, incluidos Stephen Miller, Tom Homan y Markwayne Mullin. Los demócratas de ambas cámaras plantean además usar citaciones para indagar las muertes de estadounidenses a manos de agentes federales de migración, entre ellas dos tiroteos ocurridos en Mineápolis a principios de año.
En el Senado, los demócratas también señalaron que podrían investigar al secretario de Defensa, Pete Hegseth, en el contexto de la guerra en Irán. Aunque legisladores han sido cautelosos al hablar de un nuevo juicio político contra Trump, los comités de Supervisión y Judicial de la Cámara y el comité que encabezaría Hassan podrían impulsar distintas pesquisas.