Un censo de personas desplazadas y una mejor coordinación institucional fueron algunas de las medidas planteadas durante una mesa de trabajo en Chihuahua sobre desplazamiento forzado.
El encuentro se realizó en el Salón Sacramento de Palacio de Gobierno. Participaron autoridades estatales y organismos internacionales, con la propuesta de construir un “puente de solidaridad” para atender la situación.
La eurodiputada Diana Riba i Giner compartió que, tras recorrer la Sierra y conversar con personas desplazadas, identificó problemas en la atención. Entre ellos mencionó la falta de un presupuesto único destinado a quienes tuvieron que dejar sus comunidades.
Riba i Giner señaló la violencia, la impunidad y las disputas por el territorio como causas que llevan a familias y comunidades a buscar seguridad fuera de sus lugares de origen.
Mariana Villarreal, coordinadora de emergencia de la Red TDT, propuso elaborar un censo. Según expuso, el registro ayudaría a dimensionar el fenómeno y a diseñar políticas públicas basadas en evidencia.
Villarreal añadió que contar con información también permitiría facilitar el acceso a programas de asistencia y avanzar en mecanismos de reparación para las personas afectadas.
En la reunión se advirtió, además, que la falta de coordinación entre autoridades en materia de seguridad repercute en las familias desplazadas. También puede dificultar el acceso a servicios y derechos básicos, como salud, educación, alimentación, trabajo y seguridad.
Las propuestas expuestas apuntan a mejorar la colaboración institucional y precisar cuántas personas enfrentan desplazamiento forzado en Chihuahua, para desarrollar respuestas integrales dirigidas a ellas y a sus familias.