La senadora Gina Campuzano González advirtió que los cambios a la Ley Federal del Derecho de Autor podrían incentivar el retiro preventivo de publicaciones críticas. La legisladora del PAN sostuvo que la reforma debe distinguir la protección de creadores del blindaje a funcionarios.
Al presentar el posicionamiento de su bancada en el Senado, Campuzano cuestionó el dictamen sobre responsabilidad secundaria de proveedores de internet, conocido como “Ley antimemes”. Afirmó que, ante el riesgo de sanciones, las empresas podrían retirar investigaciones, denuncias, videos o sátiras cuando reciban reclamos de derechos de autor.
“Una ley de derechos de autor no puede convertirse en una ley de silencio”, dijo. Según la senadora, la propuesta contempla nuevas obligaciones para empresas de internet, multas cercanas a cinco millones de pesos en determinados casos y medidas para cancelar el servicio a infractores reincidentes.
Campuzano planteó que una persona podría perder acceso a internet por publicaciones denunciadas como infractoras. Como ejemplos, mencionó videos sobre presuntos actos de corrupción, investigaciones periodísticas y caricaturas dirigidas a funcionarios. En su opinión, las compañías podrían optar por retirar el contenido antes que exponerse a sanciones.
La legisladora también citó advertencias de Artículo 19 sobre la falta de garantías suficientes ante las responsabilidades y sanciones previstas. Comparó el riesgo con procesos que, afirmó, han ocurrido en Nicaragua, Venezuela y Cuba, y dijo que las restricciones pueden comenzar con la eliminación de publicaciones y generar temor a denunciar.
En su intervención, Campuzano vinculó el debate con señalamientos sobre contratos del Instituto Nacional Electoral durante la gestión de Guadalupe Taddei. Mencionó presuntas irregularidades, posibles conflictos de interés y empresas relacionadas con contratos por más de 70 millones de dólares en organismos electorales de 17 estados.
La senadora sostuvo que la información sobre esos casos se conoció mediante el periodismo y reclamó que se investiguen las acusaciones. También exigió responsabilidades para Taddei y otras personas que, según afirmó, estuvieran involucradas; sus declaraciones no constituyen una resolución judicial sobre esos señalamientos.
Campuzano concluyó que retirar publicaciones no resuelve casos de corrupción ni elimina contratos cuestionados. Pidió garantías para proteger contenidos legítimos y evitar que usuarios pierdan injustamente su conexión, y defendió el derecho ciudadano a denunciar, investigar y criticar al gobierno.