La defensa de César Jáuregui apeló la decisión de someterlo a proceso por traición a la patria. El recurso cuestiona la suficiencia de las pruebas y la actuación del juez federal.
El abogado José Ramón Flores Flores presentó la impugnación en la causa penal 408/2026. Busca revertir el auto que dictó el 25 de octubre Ricardo Alfonso Santos Dorantes, juez de control con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Entre los argumentos, la defensa afirma que no hay prueba directa de que el exfiscal supiera que cuatro personas extranjeras participaron en el operativo realizado del 16 al 19 de abril de 2026, en el municipio de Morelos, Chihuahua. La intervención concluyó con el desmantelamiento de un laboratorio clandestino de drogas sintéticas.
Los abogados sostienen que la responsabilidad institucional de Jáuregui en el operativo no demuestra que autorizara la participación de extranjeros ni que buscara comprometer la soberanía nacional. También objetan que la presencia de esas cuatro personas, por sí sola, pruebe que México quedara sometido a intereses externos.
Según el recurso, las autoridades mexicanas conservaron el mando de la investigación. La conducción, afirma la defensa, correspondió al entonces director de la Agencia Estatal de Investigación.
Cuestionamientos al juez y a la sede del proceso
La apelación reprocha al juez haber añadido razonamientos que, según los abogados, la Fiscalía General de la República (FGR) no expuso en audiencia. La defensa considera que esa intervención habría afectado la imparcialidad judicial y la igualdad entre las partes.
También interpreta de manera distinta un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre la solicitud de seguridad perimetral. A juicio de los abogados, pedir protección para los agentes que participarían en el operativo no acredita que Jáuregui conociera o aceptara la presencia de extranjeros.
Otro punto impugnado es que el caso se tramite en Almoloya de Juárez y no en Chihuahua, donde sucedieron los hechos. El escrito afirma que la FGR no presentó elementos objetivos para justificar apartarse de la competencia territorial ordinaria.
La Fiscalía habría planteado un posible riesgo de influencia sobre el sistema penitenciario estatal o de trato privilegiado, debido a los cargos públicos que ocupó Jáuregui. La defensa sostiene que esas posibilidades no se acreditaron y que la acusación es por traición a la patria, no por delincuencia organizada.
Por ello, solicita revisar la competencia y reponer el procedimiento ante el órgano jurisdiccional que considera territorialmente competente.
La defensa pide revisar la imputación
El recurso también discute la aplicación del artículo 123, fracción I, del Código Penal Federal. La defensa afirma que para configurar traición a la patria deben acreditarse actos dirigidos contra la independencia, soberanía o integridad nacional, junto con la finalidad que establece la ley.
Los abogados argumentan que el operativo buscaba combatir la producción de drogas sintéticas y proteger la salud pública. Solicitan revisar la vinculación a proceso y celebrar una audiencia para presentar alegatos aclaratorios ante los magistrados.
La apelación abre una nueva etapa en el proceso federal contra Jáuregui. La vinculación a proceso no equivale a una condena: su responsabilidad penal deberá determinarse con base en las pruebas y las garantías del debido proceso.