La protesta social en Chihuahua podría contar con nuevas garantías si el Congreso del Estado aprueba una iniciativa presentada por la diputada de Morena Leticia Ortega Máynez. La propuesta busca proteger las movilizaciones pacíficas y prevenir abusos de autoridad.
El proyecto crea la Ley para la Garantía y Protección del Derecho Humano a la Protesta Social y la Movilización Pacífica del Estado de Chihuahua. Ortega sostuvo que este derecho constitucional no debe depender de permisos o autorizaciones previas.
“Ese derecho debe protegerse tanto cuando la protesta es popular como cuando incomoda a quienes ejercen el poder”, expresó la legisladora.
Entre las medidas planteadas figuran prohibir amenazas, hostigamiento y represalias contra quienes participan en manifestaciones. La iniciativa también contempla impedir que se les nieguen servicios o prestaciones públicas por ejercer ese derecho.
El texto señala que las interrupciones temporales de la circulación no bastarían, por sí solas, para criminalizar una movilización. En materia de seguridad, propone priorizar el diálogo y prohibir el uso de armas de fuego para dispersar protestas pacíficas.
También plantea evitar detenciones colectivas sin identificar la responsabilidad individual de cada persona. Incluye garantías para periodistas y observadores civiles, además de límites al uso de tecnologías de vigilancia con fines de intimidación.
Ortega pidió distinguir las acciones individuales de las del conjunto de manifestantes. “Lo que no debe ocurrir es que se trate a todas las personas presentes como responsables o que se use ese hecho para justificar represalias contra quienes se manifiestan pacíficamente”, afirmó.
La iniciativa prevé mecanismos de denuncia, supervisión y rendición de cuentas ante posibles abusos durante las movilizaciones. “El respeto a la protesta no debilita al Estado: fortalece la democracia”, concluyó la diputada.