La Cámara de Diputados aprobó el miércoles 21 de octubre, en lo general, un dictamen que contempla hasta cinco años de prisión y multas de hasta 1.2 millones de pesos por el uso indebido de la identidad institucional pública. La votación fue de 312 votos a favor y 119 en contra; aún falta la discusión y aprobación en lo particular.
La medida alcanzaría a quien utilice, reproduzca, imite o incorpore con fines comerciales elementos gráficos, dominios electrónicos o documentos oficiales de instituciones de los tres órdenes de gobierno para inducir al error o al engaño.
La iniciativa fue presentada en mayo por la presidenta Claudia Sheinbaum y recibió previamente el respaldo de senadores de Morena, PVEM y PT.
El alcance de las sanciones generó críticas en el debate legislativo. El diputado panista Marcelo Torres calificó la reforma como una “ley bozal”. También acusó a Morena de preparar “la cárcel y la censura” para la ciudadanía.
El Gobierno y Morena sostienen que la reforma busca proteger la propiedad intelectual y prevenir fraudes mediante la suplantación de la imagen institucional. En contraste, legisladores opositores advierten que podría afectar la crítica y la parodia.