La Comisión de Desplazamiento Forzado Interno de Chihuahua revisó acciones institucionales y propuestas para facilitar la atención de personas desplazadas, durante su segunda sesión ordinaria en Palacio de Gobierno.
La reunión fue encabezada por Sahara Gabriela Cárdenas Fernández, subsecretaria de Normatividad y Asuntos Jurídicos, en representación del secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda.
José Antonio Mendoza, enlace de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Chihuahua, presentó avances para impulsar soluciones. Entre las líneas de trabajo están crear rutas para apoyar el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes, y promover la incorporación laboral de personas desplazadas.
La propuesta contempla coordinación entre dependencias estatales y organismos internacionales. En la sesión, integrantes de la Comisión expusieron apoyos e insumos entregados, recursos destinados, capacitaciones y mecanismos de colaboración con municipios. También se presentaron vías de contacto para acceder a servicios gubernamentales.
Capacitación y respuesta institucional
Las jornadas de capacitación desarrolladas con ACNUR abarcan Aldama, Cuauhtémoc, Delicias, Guachochi, Parral y Chihuahua. Además, se informó sobre la colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) para preparar al personal en la atención de niñas, niños y adolescentes bajo un enfoque de derechos humanos y conforme a estándares internacionales.
Durante el encuentro, Pablo Cabada y Daniel Márquez, representantes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), presentaron un estudio exploratorio sobre la capacidad institucional para responder al desplazamiento interno en México. El análisis reúne hallazgos de Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Baja California y Ciudad de México.
Para Chihuahua, el estudio señala avances en la coordinación entre dependencias estatales y reconoce la creación de la Comisión, la inclusión del desplazamiento interno como delito en el Código Penal estatal y la aplicación del Protocolo de Atención Emergente.
El documento también aborda la ayuda humanitaria, la capacitación de servidores públicos y los mecanismos de atención diferenciada. Estos aspectos, junto con las acciones reportadas por las instituciones, fueron parte de la revisión de capacidades para responder a las necesidades de las personas afectadas.
Representantes de Consultoría Técnica Comunitaria, A. C. (Contec), el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), Ir Nao Taka Ru-Las Cuatro Raíces y el Programa Interinstitucional de Atención Indígena y periodistas participaron con observaciones y propuestas.