Las sanciones al Cártel del Noreste anunciadas por Estados Unidos alcanzan a cuatro mexicanos y 11 empresas relacionadas, según las autoridades, con actividades ecuestres, construcción, transporte y energía en Tamaulipas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro estadounidense, señaló que la red habría servido para lavar dinero y financiar operaciones del grupo criminal. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó por separado que bloqueó preventivamente a las personas y compañías señaladas.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que el caso expone el uso de las carreras de caballos para lavar recursos. El Departamento del Tesoro sostuvo que Los Zetas y, posteriormente, el Cártel del Noreste tienen antecedentes de operaciones en las carreras de caballos cuarto de milla desde al menos 2008.
Hipódromo y apuestas en Nuevo Laredo
Entre los establecimientos identificados está La Molienda, un hipódromo, restaurante y bar ubicado a las afueras de Nuevo Laredo. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el lugar está controlado por el cártel y obtiene ingresos mediante cobros a jinetes y espectadores.
El Departamento del Tesoro también indicó que integrantes y líderes del grupo compran caballos, varios procedentes de Estados Unidos, para competir allí. Atribuyó el control del hipódromo a Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como “El Z-40”, y señaló que otros líderes y asociados lo supervisarían mientras permanece encarcelado en Estados Unidos.
La Molienda y el Casino Centenario mantuvieron una alianza que permitía apostar en las carreras desde el casino, según el comunicado. Esa relación terminó después de que una acción bilateral entre México y Estados Unidos suspendiera las operaciones del establecimiento en abril de 2026.
Personas y compañías señaladas
Los cuatro mexicanos incluidos en las sanciones son Gamaliel Garza García, su hijo Gamaliel Garza Elías, Pablo César Guajardo Álvarez, alias “El Takia”, y Francisco Javier Inzunza Partida, conocido como “Pancho Amador”.
La OFAC identificó a Garza García como empresario y socio del Cártel del Noreste. Según el Departamento del Tesoro, participa en carreras de caballos en México y Estados Unidos. También lo vinculó con Construcciones y Edificaciones Garza Elías S.A. de C.V. (CEGESA), que presuntamente habría canalizado recursos a campañas de candidatos favorecidos por el grupo y obtenido contratos públicos de manera corrupta.
Las autoridades estadounidenses sostuvieron que CEGESA subcontrataba obras a personas vinculadas al cártel. Garza García también habría creado Concretos y Productos Asfálticos del Norte (COPASA), empresa que, según el señalamiento, suministraba materiales para esas construcciones. Ambas compañías tenían autorización del grupo para realizar obras en Nuevo Laredo, de acuerdo con el Departamento del Tesoro.
La red empresarial atribuida a Garza García incluye también la cuadra San Dibanh, con sede en Anáhuac, Nuevo León, y seis compañías de Nuevo Laredo: Construaceros del Fuerte, Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, Distribuidora de Gas Económico, Gas Energía Confiable, Propane Trading Group y Transportadora de Gas de Nuevo Laredo. Las empresas operan en construcción, bienes raíces, gas, combustibles o transporte energético, según la información difundida.
Garza Elías fue sancionado por su participación en CEGESA y por su papel en las operaciones cotidianas de la compañía, de acuerdo con el gobierno estadounidense. También se le atribuye haber entregado efectivo para campañas políticas favorecidas por el cártel.
La OFAC identificó a Guajardo Álvarez como jefe de plaza en Nuevo Laredo y antiguo líder de sicarios. Fue detenido en 2020 por su presunta relación con el asesinato de Ricardo Martínez Chávez y cuatro funcionarios, ocurrido el 4 de enero de 2017; después fue liberado. Las autoridades también lo relacionaron con tráfico de armas.
Inzunza Partida fue señalado como despachador de Tamex, compañía de transporte terrestre con sede en Nuevo Laredo. Según el Departamento del Tesoro, habría participado en el despacho de dos remolques que transportaban cocaína oculta en los tambores de freno. Los cargamentos incautados sumaban 52 kilogramos.
La UIF aplicó bloqueos preventivos
La UIF informó que su análisis financiero, fiscal y corporativo detectó posibles operaciones de lavado en la red señalada. Entre las alertas mencionó movimientos en efectivo y transferencias nacionales e internacionales que no corresponderían con los perfiles reportados, además de compras de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles.
La dependencia también reportó inconsistencias fiscales y sociedades con poca o ninguna actividad económica identificable. Precisó que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida administrativa preventiva, no una determinación definitiva de responsabilidad penal. Las personas incluidas cuentan con mecanismos de defensa y garantía de audiencia.
La UIF indicó que mantendrá la coordinación con autoridades estadounidenses para prevenir el uso ilícito del sistema financiero y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada.