El caso Aras en Chihuahua motivó una nueva protesta frente al Palacio de Gobierno. Decenas de afectados bloquearon los accesos y exigieron una solución definitiva y la reparación del daño.
Entre quienes participaron estuvo Lucy Martínez. Contó que su familia entregó más de un millón de pesos, según su relato: 820 mil pesos y 5 mil dólares, con la expectativa de obtener rendimientos.
Martínez afirmó que confiaron en la empresa por las promesas de ganancias y por lo que describió como vínculos de actores políticos y exfuncionarios estatales con la operación de la financiera en la región.
La afectada también relacionó el desgaste de estos años con dos infartos cerebrales. Dijo que la incertidumbre y el estrés han tenido consecuencias en su salud, además de las pérdidas económicas.
Los manifestantes reclamaron respuestas de la Fiscalía General del Estado y del Poder Judicial. También señalaron que mantendrían tomadas las instalaciones gubernamentales hasta ser recibidos por el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, y autoridades de procuración de justicia.