Más de 120 trabajadores de cruceros fueron detenidos en los últimos meses en Boston, como parte de una investigación federal sobre presunta posesión y distribución de material de abuso sexual infantil. Las acciones se realizaron bajo la llamada “Operación Maremoto” y abarcaron a tripulantes de unos 25 barcos.
El operativo también tuvo actividad en San Diego, California, y San Juan, Puerto Rico. Según la información difundida, los detenidos fueron interrogados y sus teléfonos revisados; además, se revocaron sus permisos condicionales para desembarcar. La mayoría fue expulsada de Estados Unidos.
Hasta ahora, solo uno de los casos derivados de las detenciones en Boston ha llegado a un proceso penal federal: el de Bobby Prieto, filipino de 35 años.
Prieto fue arrestado el 24 de septiembre, cuando el Norwegian Jewel se preparaba para atracar en el puerto Flynn, en Boston. Permanece detenido sin derecho a fianza mientras avanza el proceso judicial.
Documentos presentados ante el tribunal indican que agentes revisaron dos teléfonos atribuidos a Prieto y hallaron más de mil 200 archivos multimedia presuntamente relacionados con abuso sexual infantil. La acusación también incluye declaraciones que, según las autoridades, el tripulante habría hecho durante los interrogatorios.
Antes de su arresto, el sospechoso había sido señalado en 75 reportes enviados a la CyberTipline del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, según documentos de la investigación.
La operación fue encabezada por el Departamento de Seguridad Nacional, con participación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Las autoridades la describen como parte de sus acciones contra la explotación infantil y para aplicar las leyes migratorias y de seguridad nacional.
Las detenciones han generado críticas de activistas y funcionarios de Filipinas, país de origen de muchos trabajadores marítimos. Algunos han pedido explicaciones sobre los criterios aplicados y la evidencia que sustentó las detenciones y deportaciones.