La Ley de Ingresos 2027 podría discutirse y votarse esta semana en la Cámara de Diputados. La propuesta del Ejecutivo plantea recursos por 10 billones 636 mil 488 millones de pesos.
La Comisión de Hacienda fue convocada este lunes en el Palacio de San Lázaro para revisar los dictámenes de la Ley Federal de Derechos, cambios a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) y la iniciativa de ingresos.
El plazo legal para aprobar estos ordenamientos vence el 20 de octubre. Morena busca llevarlos al pleno durante esta semana y dejar tiempo para que el Senado los analice.
Impuestos, financiamiento y otros ingresos
El proyecto calcula 6 billones 263 mil 886 millones de pesos por impuestos. También estima un billón 457 mil 539 millones por ventas de bienes, prestación de servicios y otros ingresos.
Los ingresos derivados de financiamientos sumarían un billón 479 mil 959 millones de pesos. A ello se agregan 702 mil 564 millones por cuotas y aportaciones de seguridad social, y 329 mil 479 millones por aprovechamientos.
La propuesta incluye además 210 mil 774 millones de pesos en transferencias, asignaciones, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones, entre otros conceptos.
El Congreso también tendría que autorizar endeudamiento neto interno de hasta un billón 700 mil millones de pesos y externo de hasta 13 mil 500 millones de dólares. Los recursos se destinarían al financiamiento del Presupuesto de Egresos.
Pronósticos económicos y cambios fiscales
La Comisión de Hacienda respaldó los criterios económicos presentados por el Ejecutivo para 2027. El dictamen estima un crecimiento real anual del PIB de entre 1.5 y 2.5 por ciento.
El documento prevé un tipo de cambio promedio de 17.9 pesos por dólar. También considera una producción petrolera de un millón 800 mil barriles diarios y un precio promedio de 61.8 dólares por barril para la mezcla mexicana de exportación.
Por separado, Morena, PVEM y PT perfilan respaldar reformas a la Ley del ISR para limitar deducciones empresariales y reforzar medidas contra la evasión fiscal. La reforma a la Ley Federal de Derechos actualizaría precios y tarifas de bienes y servicios del gobierno federal.