La sobrepoblación carcelaria alcanzó a más de la mitad de los centros penitenciarios del país al cierre de agosto de 2026. El registro oficial reportó 275 mil 497 personas privadas de la libertad, la cifra más alta documentada hasta ese mes.
De los 275 centros penitenciarios contabilizados en México, 158 rebasaron su capacidad instalada. Esto equivale al 56 por ciento del total nacional.
La población en reclusión acumuló ocho meses consecutivos de aumento, después de una baja registrada en diciembre. Frente a octubre de 2024, cuando había 235 mil 461 personas presas, el incremento fue de más de 40 mil internos.
Del total nacional, 121 mil 337 personas estaban sujetas a proceso y aún no contaban con una sentencia. Ese grupo representa más del 44 por ciento de quienes permanecían en prisión.
Entidades con mayor presión penitenciaria
El Estado de México concentró el mayor excedente de población, con 22 mil 371 internos por encima de la capacidad de sus cárceles. Sonora registró 8 mil 734 personas excedentes y Veracruz, 4 mil 100.
En conjunto, 21 de las 32 entidades del país presentaron algún grado de saturación en sus centros de reclusión.
El caso porcentualmente más grave fue el CRS Número 7 Huixtla, en Chiapas. El penal albergaba a 296 personas, pese a contar con espacio para 40, lo que implicó una sobrepoblación superior al 640 por ciento.
Le siguió el CPRS de Zumpango, Estado de México, con 829 internos en una instalación diseñada para 120. El CRS de Bucerías, Nayarit, tenía 592 personas en un espacio previsto para 95.
También destacó el penal de Chalco, Estado de México, donde había 3 mil 870 internos frente a una capacidad de 774 personas.
Gobierno federal analiza ampliaciones
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el 11 de agosto la saturación en espacios de detención. Señaló que el Gobierno federal busca acuerdos con las entidades para ampliar la capacidad bajo un modelo orientado a la reinserción social y al respeto de los derechos humanos.
Autoridades del gabinete de seguridad han planteado de forma preliminar la construcción de hasta seis centros penitenciarios. Sin embargo, hasta ahora no se ha informado un presupuesto asignado ni acuerdos definitivos con los gobiernos estatales.